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‘La igualdad de género no debe diluirse en políticas de diversidad’
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| Tasia Aránguez, profesora permanente del Departamento de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Granada e investigadora
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Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y distinguida con reconocimientos como el Premio de Investigaciones Feministas del Instituto Aragonés de la Mujer, la de Tania Aránguez es una de las voces más autorizadas y comprometidas en la lucha por la igualdad de género. Con sus principales líneas de investigación, se centra en la teoría feminista y en laspolíticas de igualdad entre mujeres y hombres; así como en los derechos de las mujeres en la sociedad digital, abordando temas tan sensibles como la ciberviolencia y el impacto de la pornografía en la juventud. Recientemente ha sumado su voz, su visión, su experiencia y su compromiso en el Seminario Permanente de Gobernanza en Políticas Locales de Igualdad de La Zubia. Charlamos con ella y reflexionamos sobre los desafíos a los que nos enfrentamos y las soluciones necesarias para construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.
Recientemente, participó en el Seminario Permanente de Gobernanza en Políticas Locales de Igualdad, un espacio de análisis, reflexión y acción para dirigentes de entidades locales que deben afrontar el diseño y desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Aportó tu visión sobre el desarrollo jurídico de las políticas de igualdad y los avances y retos en este campo. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos a los que nos enfrenamos?
Como profesora permanente del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada e investigadora en materia de teoría feminista y las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, participé invitada por Alicia Miyares, coordinadora de esta interesantísima iniciativa, que se desarrolla en el marco de la “Medida tractora Fab Lab Igualdad Carmen Jiménez” que el Ayuntamiento de la Zubia, junto con la Diputación provincial y la Universidad de Granada, contemplan en la agenda urbana y rural provincial, y que pretende ser un laboratorio de innovación de políticas públicas de igualdad y de transferencia de esas políticas.
Y en este contexto, puse el foco de atención en cómo las políticas de igualdad pueden implementarse de manera efectiva en los ayuntamientos, prestando especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres. Abordé otros temas cruciales, como la prostitución, el impacto de la pornografía digital en la juventud y la gestión ineficiente de los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Empecemos, si le parece, hablando de prostitución. ¿Qué se puede hacer desde las corporaciones municipales para abordar el desafío?
Si bien es cierto que los ayuntamientos cuentan con herramientas, también es cierto que son limitadas. La ley permite desarrollar ordenanzas de carácter abolicionista, que penalicen exclusivamente a los consumidores de prostitución, es decir, a los "puteros", y no a las mujeres prostituidas, quienes, además, deberían ser reconocidas como víctimas de violencia machista y recibir apoyo.
Sin embargo, cuando la prostitución se produce en pisos y locales privados es mucho más complicada de abordar. Los ayuntamientos suelen saber dónde están estos prostíbulos, pero intervenir legalmente requiere colaboración con fuerzas de seguridad y, en muchos casos, “excusas” legales para poder actuar.
Una solución práctica y viable, por ejemplo, es utilizar ordenanzas municipales que permitan multar a los clientes de prostitución callejera, y trabajar incansablemente para ofrecer a las mujeres prostituidas recursos habitacionales, apoyo psicológico y programas de inserción laboral, como se hace con otras víctimas de violencia machista. Las mujeres deben ser tratadas como víctimas, no como infractoras.
Otro tema preocupante que mencionó es la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cuál es el problema actual con la distribución de estos recursos?
El problema es complejo. Actualmente, más del 80% de estos fondos se destina a actividades de prevención y difusión, como charlas, conferencias y campañas de sensibilización. Aunque, sin duda, la prevención es importante, se está dejando de lado lo más importante: la cobertura, asistencia y prestación de ayuda directa a las víctimas. Esto significa que mujeres que necesitan urgentemente apoyo económico, psicológico, o ayuda para encontrar vivienda, no lo están recibiendo. Además, hemos observado que una parte significativa de estos fondos se está destinando a iniciativas relacionadas con el colectivo LGTBI, como festivales y actividades de visibilización. Aunque estas causas son legítimas y la concienciación es también de vital importancia, no deberían financiarse con dinero destinado específicamente a combatir la violencia de género.
¿Cuál es, en su opinión, la mejor forma de utilizar estos fondos?
Es fundamental redirigir una parte de los recursos hacia programas que tengan un impacto directo en las víctimas. Hablamos de crear o mejorar casas de acogida, ofrecer asistencia psicológica gratuita y especializada y ofrecer programas de reinserción laboral. También propuse durante el seminario que los pequeños ayuntamientos trabajen juntos, coordinando y uniendo sus presupuestos para crear servicios más completos y efectivos. La mancomunidad de municipios permitiría, por ejemplo, ofrecer protección y recursos de calidad en este sentido.
Ha mencionado la importancia de la educación sexual en los centros educativos. ¿Qué papel pueden desempeñar los ayuntamientos en este aspecto?
Los ayuntamientos pueden impulsar, organizar y coordinar charlas en institutos sobre los peligrosos y perniciosos efectos de la pornografía y la importancia de una educación sexual igualitaria. Sin embargo, no siempre es posible. Hay grandes resistencias que van desde las inspecciones educativas hasta las asociaciones de padres, argumentando que estas actividades deben limitarse al horario de tutorías y no pueden interferir con otras materias. Esto supone grandes problemas, ya que la educación sexual es transversal y debería formar parte del currículo general, según la LOMLOE y otras marcos legislativos que defienden la educación en igualdad y la libertad sexual.
Ha hablado de la confusión entre políticas de igualdad y políticas de diversidad. ¿Puede explicar esto con más detalle?
Sí, es algo que genera mucha confusión. Las políticas de igualdad de género, que buscan la igualdad entre mujeres y hombres, se están mezclando con las políticas de diversidad, que incluyen la protección de otros grupos como el colectivo LGTBI o personas racializadas. Aunque todas estas políticas son importantes, las mujeres no son un grupo minoritario ni sufren una discriminación puntual. Sufren, si me lo permite, una ‘opresión estructural necesaria para el funcionamiento de la sociedad’, debido, entre otros, a aspectos como el trabajo no remunerado que realizan, como el cuidado de niños y ancianos. Mezclar estas políticas diluye el enfoque específico que necesita la lucha por la igualdad de género.
Las mujeres merecen organismos, presupuestos y legislación dedicados exclusivamente a ellas. Representan más de la mitad de la población y se enfrentan a problemas estructurales que requieren atención específica y recursos suficientes.
Habló también de la falta de formación y recursos en la policía local para abordar casos de violencia machista…
Es crucial mejorar la formación y especialización de la policía local en este ámbito. Los ayuntamientos pueden usar parte de los fondos del Pacto de Estado para financiar más plazas en unidades especializadas en violencia de género y ofrecer formación continua. Sin embargo, algunos municipios reportan resistencias dentro de las propias fuerzas policiales, que, en algunos casos, minimizan las denuncias de las víctimas o no actúan de manera adecuada. Esto requiere un cambio cultural y educativo, no solo en términos de formación, sino también en la manera en que el sistema de protección aborda estas situaciones.
También es importante que las víctimas tengan acceso a protección y recursos, independientemente de si presentan una denuncia formal o si esta prospera. Hablamos de un sistema paralelo de apoyo que pueda ofrecer servicios sin depender exclusivamente del proceso judicial.
Respecto de la discriminación interseccional y conflictos entre derechos, ¿cuáles son los desafíos?
Hay efectivamente casos complejos, como la tensión entre los derechos de las mujeres y los del colectivo trans, especialmente en contextos deportivos o en el uso de espacios exclusivos para mujeres. La ley reconoce diferentes categorías protegidas, como orientación sexual, identidad de género y el hecho de ser mujer. Es crucial entender que estas categorías pueden entrar en conflicto y que se deben encontrar soluciones equilibradas y justas. Por ejemplo, en el caso de competiciones deportivas o espacios seguros, como refugios para mujeres víctimas de violencia, puede ser necesario priorizar los derechos de las mujeres biológicas para proteger su seguridad e igualdad de oportunidades.
Fíjese, hay un caso curioso relacionado con el servicio que algunas personas religiosas ofrecen, como organizadores de bodas, que podrían negarse a trabajar en matrimonios entre personas del mismo sexo por razones de fe. La ley permite ciertas excepciones si se hacen de manera proporcional y están claramente justificadas, pero siempre debe haber un equilibrio y una justificación legítima para no caer en la discriminación arbitraria.
Entrevista: Raquel Paiz
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